

La política, considerada como la ciencia que estudia las relaciones del Estado con sus ciudadanos, se construye en el espacio público, en la ciudad. Ella se convierte en el escenario fundamental para la acción ciudadana como mecanismo de desarrollo, de interacción social y formulación de propuestas en la agenda pública y al fortalecimiento del sistema de gobierno. De manera que la política deja de ser un proceso de acuerdo entre los sectores de poder para convertirse en un vehículo de gestión y articulación de los diversos movimientos sociales para enfrentar los desafíos de la sociedad.
Es un interesante aspecto porque rompe con la concepción weberiana de restringir la política en las relaciones de poder que se producen en las instituciones del Estado. Hoy, producto de la globalización y el auge de las redes sociales, se ha reconfigurado una amplia gama de relaciones en los diversos espacios de la vida cotidiana, es decir, desde el hogar, la escuela, el sitio de trabajo, los gremios y la academia. La política está en todo y donde ella se cuela hay relaciones de poder, tal como lo han sostenido autores diversos como Antonio Gramsci, Hannah Arendt, Carl Schmitt, Michel Foucault, Chantal Mouffe, Susan Strange, entre otros. La sociedad, por su propia naturaleza, reproduce relaciones de conflicto y de resistencia que requieren ser superadas la voluntad de los actores sociales.
El lenguaje y las acciones de las personas no solo describen la realidad presente sino que reconfiguran las formas de relaciones entre intersubjetivas y construyen nuevas espacios de lucha y acuerdos de esa realidad. Nace así la noción de perfomatividad política como un proceso dialógico donde emergen actores muy diversos ejerciendo protagonismo y exigiendo reivindicaciones como un acto de rebeldía frente a la acción del Estado. Esa situación convierte al lenguaje y al espacio público en el escenario de batalla permanente entre las normas que el poder institucional pretende imponer y la resistencia de los propios actores sociales.
¿Qué entendemos por actores sociales?
A juicio de Rauber (2001) se entiende por actores sociales a todos aquellos grupos humanos que son capaces de organizarse con carácter permanente, definir objetivos de corto, mediano y largo plazo y proyectarse para transformar la sociedad, a través de procesos permanentes de lucha y asumiendo, simultáneamente, conciencia política. Desde esta perspectiva, se consideran actores sociales las organizaciones comunitarias, los sindicatos, campesinos, indígenas, movimientos de mujeres, religiosas, etcétera.
La autora hace referencia que en ese proceso de intervención de actores sociales debe considerarse el pluralismo político como elemento cohesionador. En primer lugar, porque en el escenario público de luchas reivindicativas interviene una pluralidad de actores. En segundo lugar, porque la concreción de tareas para alcanzar los objetivos, métodos y vías a seguir reclama la participación consciente de todos y cada uno de los actores involucrados. Tercero, por el carácter heterogéneo de las organizaciones que evita que las mismas tiendan a partidizarse. Cuarto, porque los actores no sólo están fragmentados socioeconómicamente sino, también en su identidad política.
No obstante, en esta fraguada lucha de los actores sociales, no se descarta el grado de filiación partidista que puedan tener los respectivos miembros que participan en dicho proceso. Es innegable que la naturaleza humana de tales actores conlleve a la identidad y vínculos político-partidistas, lo cuales no deben entorpecer la dinámica de lucha que desarrollan los actores sociales por exigir cambios en el sistema gubernamental y reivindicaciones inherentes a sus intereses.
Por otro lado, la articulación del conjunto de actores sociales exige la conformación de estructuras orgánicas de coordinación y dirección, lo cual requiere de la existencia de elementos cohesionadores del movimiento popular, es decir, de interlocutores válidos que tengan consenso y gocen de respeto entre la diversidad de actores. La articulación de los actores sociales se dinamiza en los espacios locales, en los escenarios que reproducen las desigualdades y exigencias de una sociedad que se mueve al ritmo de los acontecimientos diarios, es decir, en las ciudades.
A decir de Pírez (1995), en una sociedad local encontramos unidad de procesos económicos y sociales, además de identidades y procesos políticos propios, dinamizados por individuos y grupos sociales con poderes diferenciados que dependen de su ubicación dentro del sistema local de relaciones. Estos sujetos luchan por mejoras y se convierten en actores de su propia realidad. Realizan acciones que buscan transformar la agenda pública. Son actores que corresponden a universos e intereses muy diversos, desde el punto de vista social, económico, religioso, cultural, político, de género, entre otros.
Para este autor los actores sociales son las unidades reales de acción en la sociedad. Representan los tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local. Actúan condicionados por la complejidad de la estructura social y lo hacen de manera individual o grupal para defender intereses étnico-culturales, políticos y territoriales. Son sujetos políticos que interactúan con otros, mediante alianzas, proyectos comunes y en franca articulación, lo que no descarta la diversidad de intereses y vínculos políticos, así como los constantes debates que surjan en su seno.
Por su parte, Chiara y Di Virgilio (2009) hacen referencia a los actores sociales como formas concretas de organizaciones e individuos con capacidad de incidir en diversos campos de acción, mediante una relación dialéctica. Estos actores se mueven dentro de una relación económica productiva de naturaleza capitalista, cuyas manifestaciones están determinadas por la división social del trabajo. De manera que estos autores enmarcan la noción de actores sociales en la estructura productiva de base capitalista, es decir, le da un carácter economicista a la lucha social. Estos sujetos se inscriben en una compleja relación de fuerzas de transformación y conservación, cuyo contenido es estructural y fenoménico de la realidad.
Desde esta perspectiva, los actores sociales no pueden ser percibidos como una fuerza neutra, sino con expectativas y motivaciones que le permiten luchar dentro de la estructura productiva en la que están inmersos. Ellos asumen conciencia plena de modificar las relaciones tensas que se presentan en el modelo económico y consideran que es a través de las luchas donde pueden modificar sustancialmente esa realidad dialéctica.
Por otro lado se encuentra Matus (1987), quien considera que los actores sociales son los motores de cambio, como productores de eventos sociales y protagonistas de la transformación situacional. Son sujetos organizados en función de objetivos comunes y asumen la representación de una parte de la población. Ellos son concebidos como sujetos sociales, como fuerza emergente para mediar entre la población y las instituciones políticas, asumiendo el sentido de cohesión e instrumentación colectiva.
Los actores sociales y sus múltiples intereses en la gerencia política
En este orden de ideas, los actores sociales no pueden ser considerados simples fuerzas neutras, sino políticas que interactúan cotidianamente, dentro de una compleja gama de intereses, controversias, intereses y objetivos trazados. Ellos se articulan con otros actores para hacer mucho más efectiva su lucha y asumen un compromiso histórico de cambiar la realidad que le es adversa. Emergen como fuerza social que irrumpe en las estructuras públicas para satisfacer las complejas exigencias que se hacen en el seno de la sociedad.
De manera que los actores sociales van a representar movimientos sociales que poseen ideologías, creencias, valores, proyectos, peso político, peso económico, liderazgo, organización, información, control de centros de poder e influencia sobre otras fuerzas de la sociedad (Matus, ob. cit.). En forma concreta, los actores sociales asumen riesgos, problematizan y llegan a acuerdos para direccionar su lucha. Tienen capacidad de procesar información y discuten en su seno para plasmar estrategias políticas y enlazar acuerdos con otras fuerzas en momentos adversos.
Así, en concordancia con Cañizares (2013), el referido campo de lucha representa tanto posibilidades como limitaciones para los actores sociales. Estos últimos pueden ver limitada su libertad de acción, traducida en el poco acceso a recursos o redes informativas, así como a la exclusión en la toma de decisiones. También, puede constituir su espacio de lucha un escenario de resistencia y organización, producto de las desigualdades sociales que pueden presentarse en el modelo político y económico imperante. En fin, tales actores expresan sus opiniones, luchan fervorosamente para reclamar espacios de poder y exigir reivindicaciones que trastocan su propia identidad colectiva.
El Estado, el gran interesado en promover el rol de los actores sociales
Al respecto, el Estado como articulador de las políticas públicas que se formulan y diseñan en el sistema político está obligado a aminorar los niveles de conflictos que son naturales en el espacio púbico para producir acciones orientadas al bienestar colectivo y a la propia gobernabilidad política. Por otro lado, con su aparato burocrático debe configurar planes y proyectos orientados a promover espacios de participación ciudadana y establecer un clima de convivencia social que es indispensable para la buena marcha de la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia como forma de vida entre esos actores sociales.
De acuerdo a Brito (2002) en los años recientes las estrategias de desarrollo implementadas desde los organismos locales, regionales, nacionales e internacionales han permitido la proliferación de actores que se organizan para colaborar con la gestión pública. Esto ha impulsado la participación ciudadana como mecanismo de interacción del Estado con los diversos agentes sociales y políticos. El Estado tiene el reto de involucrarse con esta proliferación de organizaciones para quitarse una serie de competencias que ha desempeñado tradicionalmente.
Las reformas político-administrativas impulsadas desde la administración pública han generado una tendencia a la participación de los actores sociales en la formulación de una agenda pública orientada a nuevos modelos de desarrollo político, económico y social, así como a la propia proliferación de actores no considerados en las políticas públicas. En pocas palabras, los focos para incentivar la participación, la descentralización y modelos productivos económicos han facilitado la aparición de nuevas organizaciones que reclaman su participación para apostar con el desarrollo desde su propio espacio físico.
Hablar de política es referirse a la existencia de actores sociales que asumen una acción protagónica hacia la revalorización de su entorno y a la consecución de modelos de desarrollo económico que mejoren la calidad de vida, así como a estadios de civilización y encuentro entre las diversas fuerzas políticas que dinamizan una determinada nación. Los gerentes políticos delinean estrategias orientadas a la articulación de los actores sociales para la formulación de políticas públicas eficientes, las cuales se traduzcan en mejores estándares de convivencia humana.
En un mundo tan complejo como el que vivimos, requerimos de gerentes políticos que tengan capacidad de discernir, competencias técnicas y habilidades personales para articular con los actores sociales en un proceso sinérgico donde haya una relación ganar-ganar. Por un lado, el Estado pueda crear mecanismos de participación ciudadana, rendir cuentas periódicas de su actuación y actuar coordinadamente con líderes sociales y movimientos de toda naturaleza para hacer más eficiente la gestión pública. Por otro lado, una ciudadanía organizada, bien formada y activa para presionar a la gerencia pública a actuar de manera responsable y con celeridad frente a los urgentes problemas que se suscitan en la ciudad. Es innegable que para ello debe existir voluntad política y un alto compromiso por elevar la calidad de la gestión estatal.
En ese arduo trajinar por aplicar métodos y contribuir al desarrollo de capacidades técnicas y el fortalecimiento de procesos de cambio en las instituciones del Estado, la gerencia política tiene que articular acertadamente las relaciones que se producen entre los sujetos que la hacen posible. Las autoridades públicas, tecnócratas, líderes políticos y grupos de presión tienen representaciones sociales y ejercen prácticas en el devenir histórico. Su comportamiento colectivo debe estar orientado a abordar temas de descentralización político-administrativa, eficiencia gerencial, innovación tecnológica, desarrollo sustentable y gestión de conocimiento en el aparato burocrático, pero muchas veces tienen que lidiar con intereses grupales y presiones de todo tipo a la hora de decidir políticas públicas.
Ante la realidad compleja que se vive, no bastan las buenas intenciones ni las formas organizacionales que asuman los gerentes políticos para dar respuesta a las exigentes demandas ciudadanas. La clave radica en estudiar el estado emocional del sujeto que interactúa en el andamiaje gerencial. El modo cómo aprende el actor en su medio es determinante para moldear su conducta ante los hechos sociales que se le presenta. Les corresponde a los gerentes políticos comprender la existencia de los actores sociales y definir acciones que faciliten su incorporación a la gestión pública en pro de la calidad de vida de la gente. Una sociedad convulsionada como la nuestra requiere de actores comprometidos con la gobernabilidad política, el progreso social y la convivencia democrática.
Referencias bibliográficas
Brito, M. (2002). “Buen gobierno” local y calidad de la democracia. Revista Instituciones y Desarrollo No. 12-13, págs. 249-275. Barcelona.
Cañizares, B. (2013). Actores sociales: claves analíticas para una aproximación problematizadora. Tandil. Argentina: CEIPIL.
Chiara, M y Di Virgilio, M. (2009). Gestión de la política social. Conceptos y Herramientas. Buenos Aires: Editorial UNGS/Prometeo.
Matus, C. (1987), Adiós señor presidente. Planificación, Antiplanificación y Gobierno. Caracas: Pomaire.
Pírez, P. (1995). Actores sociales y gestión de la ciudad. Revista Ciudades No. 28, RNIU. México.
Rauber, I. (2001). Actores sociales, lucha reivindicativa y política popular. Revista Pasos. San José. Costa Rica.
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Jesús Alberto Castillo Doctor en Ciencias Gerenciales. Politólogo. Periodista. Abogado. El Dr. Castillo es un académico y profesional venezolano cuya labor integra la ciencia política, el derecho, el periodismo y la gerencia. Su trabajo se centra en el análisis crítico de la gerencia pública, la democracia y la formación ciudadana, combinando rigor académico con compromiso social. Como profesor universitario, promueve el pensamiento crítico y la comprensión de los procesos políticos y administrativos. Además, como articulista, conecta el debate académico con la realidad pública. Su enfoque epistemológico resalta la importancia del conocimiento bien fundamentado para la toma de decisiones, posicionándolo como referente en la formación de líderes y en la gestión pública ética y efectiva.

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